Ley de víctimas, un salto hacia el vacío

Hoy en día hace su curso en el Congreso de la República una de las leyes más importantes y ambiciosas de los últimos años en Colombia, la ley de víctimas. Su propósito principal es reparar tanto económica como moralmente a las más de 4’000.000 de víctimas reconocidas en el país sin importar cual sea su victimario y reconociendo una retroactividad que de momento llega hasta el primero de enero de 1991, texto aprobado en la Cámara, pero que parece va a ampliarse en el Senado hasta el primero de enero de 1986.

Son muchos los reparos que admite la ley y que se le están haciendo desde la opinión pública y desde la academia. No obstante, en esta oportunidad solo me referiré a uno de ellos, la sostenibilidad fiscal.

No cabe duda que las intenciones de la ley son maravillosas, darle un reconocimiento especial a las víctimas reparándoles sus daños económicamente cuantificables, devolviéndoles la tierra perdida, dándoles ayuda psicológica y otorgándoles especiales honores y reconocimientos por su sufrimiento, puede ser sin duda una forma de frenar el constante rencor y terminar un interminable y lamentable círculo vicioso de violencia. Sin embargo vale preguntarse, ¿Cuánto vale eso? ¿De dónde va Colombia a sacar esa plata?

Aunque esas preguntas parecerían el punto de partida de cualquier discusión seria, no han sido tenidas en cuenta en el trasegar de la ley en el Congreso para el asombro y desconsuelo de quienes vemos su discusión desde la barrera. Tuve la oportunidad de increpar sobre ese punto al Senador liberal Juan Fernando Cristo en un foro en la Universidad de los Andes y recibí de su parte los mismos calificativos que recibimos todos los que nos preguntamos por la sostenibilidad fiscal de la ley, el senador me trató de “terrorista fiscal”.

Parece que su opinión, y así lo manifestó en una entrevista con Clara Elvira Ospina, es que cualquier costo es pequeño si se compara con los beneficios de la ley, en mi parecer una opinión irresponsable y facilista de quien es el coordinador de ponentes de la que será probablemente la ley más importante y más costosa de Colombia en mucho tiempo.

Antes de continuar con cualquier debate los colombianos debemos exigir a los ponentes que nos muestren los límites de la ley, ¿cuántas víctimas pueden acreditarse como tal?, ¿cuál es el monto que debe asumir el Estado por cada víctima acreditada?, ¿cuánto vale crear un organismo autónomo para este propósito (propuesta que hace trámite en el senado)?, ¿cómo se pueden calcular las víctimas que va causar el conflicto durante la vigencia futura de la ley que hasta el momento es de diez años a partir de su promulgación? . Una vez hechas aquellas explicaciones, hoy inexistentes, debemos exigir al Ministro de Hacienda que nos diga cuánto vale eso y de dónde va a sacar la plata, ¿de más impuestos? ¿De otros rubros como seguridad, salud y educación? ¿De un enorme endeudamiento de la patria? ¿De recortar otros programas como familias en acción?

Nadie desconoce la importancia de dicha ley y de sus fundamentos pero no podemos pretender que el Estado asuma, ilimitadamente, toda la responsabilidad por la situación de las víctimas sin que medien algunos límites tanto económicos como judiciales (el derecho del Estado a probar su inocencia). De aceptar sin reparos esta ley estaríamos mandando un erróneo y peligroso mensaje a las víctimas de otros flagelos igualmente graves como la pobreza, el desempleo o la desigualdad entre otros.


Juan Felipe Vallejo/Opinión


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