Ha comenzado un nuevo año, y con ello comienzan nuevas metas y retos para todos. En especial, una de las metas que debe trazar el Gobierno Nacional en el presente año es la Seguridad Nacional. El punto en cuestión de este artículo no es opinar en torno a las características, pros y contras de los métodos de Uribe y Santos con respecto a la guerra, aunque haya que hacerlo en algún momento. El punto de interés de este artículo gira en torno a un problema que se está presentado dentro de las tropas de nuestro Ejército y que la opinión pública no ha querido discutir, a excepción de unos pocos medios radiales. Hoy en día las tropas se encuentran en caída libre moral, no quieren combatir, se sienten desmotivados por lo que ellos mismos han denominado la guerra jurídica.
Guerra jurídica o no, lo cierto es que hoy en día existe un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación denominado “primer respondiente”. Dicho acuerdo fue suscrito por el ex Ministro de Defensa Camilo Ospina y el entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán. Este acuerdo consiste básicamente en que la Fiscalía tiene plenos poderes para iniciar una investigación cuando se dé de baja a un terrorista. En efecto, la lógica del fiscal encargado para cada caso será la de buscar un asesinato, no la de una baja. O en términos más precisos, el fiscal buscará principalmente encajar la conducta del militar dentro de los presupuestos del Código Penal, mientras que lo lógico sería ajustar la conducta dentro de la normatividad militar y de los derechos humanos, y subsidiariamente en la norma penal.
Esta transgresión a la investigación no sólo ha acabado el fuero militar en nuestro país, sino que también ha sido el causante de la desmotivación de nuestros soldados, en el sentido que inmediatamente el fiscal, sea neutral o no, inicia la investigación, el patrimonio del militar investigado corre el riesgo de ser gastado en el proceso, ya que el Estado no ha planeado un mecanismo de defensa para el militar. Es decir, es el propio soldado quien debe correr con los gastos que se derivan de una investigación y posterior juicio a manos de la justicia ordinaria. Esto conlleva en la práctica, sin duda alguna, a que el militar venda su carro, su casa o cualquier bien de su propiedad o de su familia.
La solución está entonces en crear un mecanismo institucional por medio del cual a las tropas les sean garantizados los costos del litigio (por casos dentro de su servicio), con lo cual se evita el calvario personal de un soldado de defenderse con el patrimonio construido con su servicio a la patria. Y adicional a esto, garantizar que la justicia ordinaria cuenta con el conocimiento necesario para diferenciar una baja de un asesinato, esto es, que exista un cuerpo especial dentro de la Fiscalía que lleve los casos de los militares y no lo sea cualquier fiscal ordinario.
Es necesario que el Gobierno de Santos revise cautelosamente las imperfecciones que dejó el ex presidente Uribe en materia de Seguridad Democrática, o de lo contrario la victoria contra el terrorismo y las ahora llamadas bandas criminales se extenderá un buen rato. Los casos producidos por la política de “primer respondiente” son la punta del iceberg que tiene a nuestro Ejército sin deseo de gloria. Existen casos como la imposición a dedo de comandantes, la destitución sin justa causa de oficiales, sueldos bajos e intervenciones mal intencionadas de ONGs, otros causantes de la inconformidad de las Fuerzas Militares. Esperemos que el ruido de sables lo inicien los civiles, es decir, el Congreso y el Presidente de la República y que no sean los propios militares los que tengan que salir a la calle a pedir que sean tomados en cuenta como héroes.
Roberto Tinoco/Opinión
NOTA: La Corporación Bicentenario publica los artículos con el ánimo de fomentar el debate político y social. En este sentido, los artículos no han sido revisados previa publicación para que sean los mismos lectores los encargados de comentarlos y debatirlos.
2/22/2011
¿Dónde están las chuzadas?
Con una fuerza descomunal han tratado los medios de comunicación el lamentable tema de las chuzadas ilegales del D.A.S. Sin duda han demostrado, una vez más, que su poder investigativo y de denuncia es muy grande. Un sinnúmero de valiosas columnas han encontrado uno a uno los damnificados por esta reprochable práctica, del tema se habla en las noticias, en los periódicos, en la radio, en twitter…etc. Ha sido tan frenético el cubrimiento noticioso que hoy toda Colombia sabe del tema e incluso se han generado algunos consensos a partir del discurso repetitivo de los medios de comunicación. Hoy nadie se atreve a dudar que dichas chuzadas existieron ni que le son atribuibles al gobierno del Presidente Uribe.
Curioso resulta sin embargo que aquellos medios voraces y ávidos de noticias no hayan profundizado en los contenidos de las supuestas chuzadas, no nos hayan dado a conocer ni siquiera una línea de las grabaciones o al menos no hayan pedido con vehemencia que nos revelaran su contenido. Curioso resulta también que la mayoría de los afectados salgan a los medios de comunicación a mostrar su indignación por lo que consideran una flagrante violación a su derecho a la intimidad pero no salgan a decir que sus vidas son transparentes y que todo lo que hayan grabado lo puede conocer la opinión pública.
Si miramos el tema con un poco de detenimiento podremos darnos cuenta que no hay nadie más beneficiado con las chuzadas que los mismos ofendidos, siempre y cuando ellos no tengan nada que esconder. En un país en donde generar un alto grado de credibilidad es tan difícil, a uno de los chuzados le basta con publicar esos minuciosos seguimientos para demostrar su honorabilidad y ganar de un plumazo el beneplácito del pueblo.
Seguro que a los colombianos, salvo a sweet y otros medios de su estilo, no nos interesa saber las intimidades amorosas o familiares de los chuzados, seguro que esos temas podrían quedar a salvo con un simple acuerdo de confidencialidad. A los colombianos nos interesa saber si de verdad existió un complot de la Corte Suprema en contra del gobierno del Presidente Uribe, a los colombianos nos interesa saber si existe alguna relación entre algunos columnistas y la Corte, a los colombianos nos interesa saber si es verdad que Daniel Coronell y Félix de Bedout tienen o tuvieron relación con testaferros del narcotráfico. Los colombianos queremos saber si aquellos personajes vitales para el funcionamiento del Estado son personas de bien.
Sin duda se generan algunos interrogantes teniendo en cuenta la forma tan “reservada” en que se ha manejado este tema tan doloroso para el país, ¿por qué no han publicado el contenido de las chuzadas? ¿Será que a alguien no le conviene? ¿Qué hay detrás de aquellos personajes? Aprovecho ésta columna para invitar públicamente a los supuestos afectados por las chuzadas del D.A.S. para que exijan también públicamente que se revele el contenido de las grabaciones y nos demuestren su honorabilidad ante este legítimo manto de duda que genera el ocultismo.
Juan Felipe Vallejo/Opinión
NOTA: La Corporación Bicentenario publica los artículos con el ánimo de fomentar el debate político y social. En este sentido, los artículos no han sido revisados previa publicación para que sean los mismos lectores los encargados de comentarlos y debatirlos.
Curioso resulta sin embargo que aquellos medios voraces y ávidos de noticias no hayan profundizado en los contenidos de las supuestas chuzadas, no nos hayan dado a conocer ni siquiera una línea de las grabaciones o al menos no hayan pedido con vehemencia que nos revelaran su contenido. Curioso resulta también que la mayoría de los afectados salgan a los medios de comunicación a mostrar su indignación por lo que consideran una flagrante violación a su derecho a la intimidad pero no salgan a decir que sus vidas son transparentes y que todo lo que hayan grabado lo puede conocer la opinión pública.
Si miramos el tema con un poco de detenimiento podremos darnos cuenta que no hay nadie más beneficiado con las chuzadas que los mismos ofendidos, siempre y cuando ellos no tengan nada que esconder. En un país en donde generar un alto grado de credibilidad es tan difícil, a uno de los chuzados le basta con publicar esos minuciosos seguimientos para demostrar su honorabilidad y ganar de un plumazo el beneplácito del pueblo.
Seguro que a los colombianos, salvo a sweet y otros medios de su estilo, no nos interesa saber las intimidades amorosas o familiares de los chuzados, seguro que esos temas podrían quedar a salvo con un simple acuerdo de confidencialidad. A los colombianos nos interesa saber si de verdad existió un complot de la Corte Suprema en contra del gobierno del Presidente Uribe, a los colombianos nos interesa saber si existe alguna relación entre algunos columnistas y la Corte, a los colombianos nos interesa saber si es verdad que Daniel Coronell y Félix de Bedout tienen o tuvieron relación con testaferros del narcotráfico. Los colombianos queremos saber si aquellos personajes vitales para el funcionamiento del Estado son personas de bien.
Sin duda se generan algunos interrogantes teniendo en cuenta la forma tan “reservada” en que se ha manejado este tema tan doloroso para el país, ¿por qué no han publicado el contenido de las chuzadas? ¿Será que a alguien no le conviene? ¿Qué hay detrás de aquellos personajes? Aprovecho ésta columna para invitar públicamente a los supuestos afectados por las chuzadas del D.A.S. para que exijan también públicamente que se revele el contenido de las grabaciones y nos demuestren su honorabilidad ante este legítimo manto de duda que genera el ocultismo.
Juan Felipe Vallejo/Opinión
NOTA: La Corporación Bicentenario publica los artículos con el ánimo de fomentar el debate político y social. En este sentido, los artículos no han sido revisados previa publicación para que sean los mismos lectores los encargados de comentarlos y debatirlos.
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