Primer respondiente

Ha comenzado un nuevo año, y con ello comienzan nuevas metas y retos para todos. En especial, una de las metas que debe trazar el Gobierno Nacional en el presente año es la Seguridad Nacional. El punto en cuestión de este artículo no es opinar en torno a las características, pros y contras de los métodos de Uribe y Santos con respecto a la guerra, aunque haya que hacerlo en algún momento. El punto de interés de este artículo gira en torno a un problema que se está presentado dentro de las tropas de nuestro Ejército y que la opinión pública no ha querido discutir, a excepción de unos pocos medios radiales. Hoy en día las tropas se encuentran en caída libre moral, no quieren combatir, se sienten desmotivados por lo que ellos mismos han denominado la guerra jurídica.

Guerra jurídica o no, lo cierto es que hoy en día existe un acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la Nación denominado “primer respondiente”. Dicho acuerdo fue suscrito por el ex Ministro de Defensa Camilo Ospina y el entonces Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán. Este acuerdo consiste básicamente en que la Fiscalía tiene plenos poderes para iniciar una investigación cuando se dé de baja a un terrorista. En efecto, la lógica del fiscal encargado para cada caso será la de buscar un asesinato, no la de una baja. O en términos más precisos, el fiscal buscará principalmente encajar la conducta del militar dentro de los presupuestos del Código Penal, mientras que lo lógico sería ajustar la conducta dentro de la normatividad militar y de los derechos humanos, y subsidiariamente en la norma penal.

Esta transgresión a la investigación no sólo ha acabado el fuero militar en nuestro país, sino que también ha sido el causante de la desmotivación de nuestros soldados, en el sentido que inmediatamente el fiscal, sea neutral o no, inicia la investigación, el patrimonio del militar investigado corre el riesgo de ser gastado en el proceso, ya que el Estado no ha planeado un mecanismo de defensa para el militar. Es decir, es el propio soldado quien debe correr con los gastos que se derivan de una investigación y posterior juicio a manos de la justicia ordinaria. Esto conlleva en la práctica, sin duda alguna, a que el militar venda su carro, su casa o cualquier bien de su propiedad o de su familia.

La solución está entonces en crear un mecanismo institucional por medio del cual a las tropas les sean garantizados los costos del litigio (por casos dentro de su servicio), con lo cual se evita el calvario personal de un soldado de defenderse con el patrimonio construido con su servicio a la patria. Y adicional a esto, garantizar que la justicia ordinaria cuenta con el conocimiento necesario para diferenciar una baja de un asesinato, esto es, que exista un cuerpo especial dentro de la Fiscalía que lleve los casos de los militares y no lo sea cualquier fiscal ordinario.

Es necesario que el Gobierno de Santos revise cautelosamente las imperfecciones que dejó el ex presidente Uribe en materia de Seguridad Democrática, o de lo contrario la victoria contra el terrorismo y las ahora llamadas bandas criminales se extenderá un buen rato. Los casos producidos por la política de “primer respondiente” son la punta del iceberg que tiene a nuestro Ejército sin deseo de gloria. Existen casos como la imposición a dedo de comandantes, la destitución sin justa causa de oficiales, sueldos bajos e intervenciones mal intencionadas de ONGs, otros causantes de la inconformidad de las Fuerzas Militares. Esperemos que el ruido de sables lo inicien los civiles, es decir, el Congreso y el Presidente de la República y que no sean los propios militares los que tengan que salir a la calle a pedir que sean tomados en cuenta como héroes.


Roberto Tinoco/Opinión


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